CASOSAISLADOS

Ni uno de los 24 acusados se libró de la condena. La Audiencia de Valencia impuso ayer penas que oscilan entre los nueve meses y los 12 años y medio de cárcel a los cabecillas y a los «cooperadores necesarios» del caso Emarsa por el desvío de 23,5 millones de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo. Una condena global que suma 97 años, ocho meses y ocho días de prisión, lo que supera con creces -tanto en número de condenados como en años de prisión- la reciente condena por la financiación ilegal del PP valenciano, el fallo de Fitur o la prisión del caso Cooperación.

Aunque la falta de destacados nombres de la política valenciana ha puesto a Emarsa en un segundo plano, los 2.222 folios del fallo evidencian la complejidad y ramificaciones de la trama. El tribunal relata como, entre 2004 y 2010, el presidente de Emarsa y de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi),Enrique Crespo -condenado a 10 años de prisión-; el gerente de Emarsa,EstebanCuesta -12 años y medio de cárcel-; el director financiero de la depuradora, Enrique Arnal -8 años y medio-; previo concierto con los responsables de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla -9 años- y Ignacio Bernácer -tres y medio-, «diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan consistente en incrementar el precio unitario con el que la Epsar financiaba el coste de los lodos». Una vez aprobado el aumento de la inyección económica entre empresas públicas -de la Epsar a Emarsa-, «buscaron un administrador de distintas empresas, Jorge Ignacio Roca Samper» -condenado a seis años y un día- «con el que pactaron que, a cambio de la oportuna comisión, emitiese a Emarsa facturas simulando la prestación del servicio de lodos y desbaste al precio previamente aprobado» por los responsables de las empresas públicas.

Dichas facturas, una vez recibidas en Emarsa, «fueron abonadas por los gestores de la empresa pública, a sabiendas de que el verdadero gestor de los lodos era una empresa distinta de la que emitía las facturas y que estaba realizando dicha actividad a un coste inferior en más de la mitad de lo que estaban pagando por ello desde la empresa pública». Así, concluye el tribunal, «se transferían los fondos públicos a las empresas del Sr. Roca, y la función de este acusado, como reconoció en acto de juicio oral, radicaba en reintegrar en efectivo la diferencia entre el coste real del servicio y el pagado por Emarsa, haciendo llegar dicho importe, deducida su comisión ilícita [...] mediante distintos medios a los Sres. Crespo, Cuesta, Morenilla, y y Bernácer, principalmente».

La sentencia detalla que el presidente de Emarsa, ex alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, «abusando de su posición de dominio y control», «impidió que se ejercieran las funciones de control financiero» sobre la depuradora. Para montar el entramado, «contó siempre con la directa e interesada colaboración de su hombre de confianza», Esteban Cuesta, un enfermero de profesión al Crespo dio plenos poderes en Emarsa. En su actividad, ambos «fueron auxiliados» por el director financiero de Emarsa, Enrique Arnal, «quien, disponiendo de la formación económica y contable necesarias para gestionar la empresa, jamás puso freno a la masiva salida de fondos públicos a destinos muy alejados del servicio público que debía gestionar la sociedad».

Pero la sentencia remarca que «una defraudación de esta magnitud no habría sido posible sin la intervención directa y principal, en colaboración con los anteriores, de los máximos responsables de la Epsar». El juzgado apunta que Morenilla y Bernácer «eran los máximos responsables de los departamentos que tenían encomendada, entre otras, la función de determinar los importes de financiación que se debía conceder a las distintas instalaciones de depuración de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana», incluida la de Pinedo.

Los cabecillas de la trama «procedieron a elaborar, redactar y ejecutar a su provecho un Convenio de Financiación del año 2004 que les otorgó la cobertura legal necesaria para lucrarse con los fondos que la Epsar recaudaba del Canon de Saneamiento e ingresaba a Emarsa, en la errónea creencia de que eran absolutamente necesarios para sufragar los gastos de la explotación de Pinedo».

No contentos con ello, considera probado el juez, los acusados «simularon» la celebración de distintas comisiones de seguimiento del citado convenio, para ir incrementando «año tras año, de manera artificiosa con vagas justificaciones, huérfanas de informes técnicos que las avalasen», el dinero que la Epsar transfería a Emarsa para sufragar el tratamiento de lodos. Y todo con «el fin de apropiarse de la diferencia entre el coste unitario y el coste real» de la gestión agrícola de los lodos.

La sentencia sobre el caso Emarsa por el desvío de 23,5 millones de euros de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo (València) llega tras dos aplazamientos del juicio y siete años de instrucción.

Se trata de la pieza principal de la causa, que sentó en el banquillo a 24 acusados, entre ellos exdirectivos de la empresa pública municipal Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) y de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales), dependiente de la Generalitat.

También se procesó a varios empresarios por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación y falsedad, durante cerca de un centenar de sesiones que se celebraron durante ocho meses en la Audiencia Provincial de Valencia, y quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre. El juicio se aplazó en dos ocasiones, la primera, el 2 de noviembre de 2016 por la ausencia de uno de los acusados, el empresario José Ignacio Roca Samper, que estuvo huido de la justicia más de tres años, fue detenido en Moldavia en julio de 2015, extraditado el 15 de abril de 2006 y enviado tres días después a prisión provisional sin fianza, que actualmente cumple en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza). El pasado 13 de marzo, en la primera vista, cinco letrados defensores del turno de oficio pidieron más tiempo para poder estudiar los 200.000 folios que componían la causa, de modo que la sala decidió posponer por segunda vez el inicio del juicio. La instrucción de este caso determinó la existencia de una red de empresas que, al menos entre 2004 y 2010, actuó para detraer fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo.

Entre los principales procesados en esta causa estaban el expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo; el gerente de Emarsa de 2004 a 2010, Esteban Cuesta, y el director financiero de la empresa entre 1996 y 2010, Enrique Arnal. También figuraban el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), dependiente de la Generalitat, José Juan Morenilla y el exjefe de departamento de Epsar Ignacio Bernácer.

La supuesta trama corrupta de Emarsa operó en torno a dos "negocios": uno basado en el incremento de los costes de explotación que contó con el visto bueno de la Epsar y que se basó en el desvío de fondos inicialmente dirigidos a pequeñas reformas, mantenimiento, electricidad, personal, gastos de reactivos y otras materias primas. El otro, el de tratamiento de lodos, se basó igualmente en un encarecimiento artificial de las operaciones, sustentado en varias empresas pantalla controladas por varios de los procesados.

La Fiscalía pedía penas de 20 años de cárcel para el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises (Valencia), Enrique Crespo, que finalmente han quedado en doce años y medio, y 24 años de prisión para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, condenado a diez años, considerados cabecillas de la supuesta trama corrupta.

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